Las políticas públicas, la acción social y la prospectiva son categorías que nutren la toma de decisiones en el siglo XXI, no se puede afianzar la gobernanza sin abrir la discusión, análisis y propuestas hacia la diversidad de los asuntos sociales. La vejez y el envejecimiento son procesos que están presentes en nuestras sociedades, es necesario explorar desde la interdisciplinariedad para consolidar el capital social.
En la transición demográfica hay asuntos que no se han atendido dentro de las agendas de gobierno y del Estado que se tendrán que incorporar con todos los elementos pertinentes para su tratamiento. En este eje temático se considera que es impostergable dar un giro a la visión cultural que se ha tenido sobre la vejez, es momento de posicionar un cambio y ver las oportunidades que se pueden presentar con los cambios poblacionales, no sólo en México y la región de América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. Tenemos desafíos y compromisos colectivos, para fortalecer sociedades incluyentes, justas, y equitativas con base a los derechos humanos.
En la región latinoamericana todavía no se ha concretado la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la que está trabajando la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se espera sea de carácter vinculante para los Estados que la ratifiquen (siendo los antecedentes más importantes el Protocolo de San Salvador de 1988; la Declaración de Brasilia de 2007; y la Carta de San José sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de América Latina y el Caribe).
En México, algunas de las preocupaciones jurídicas más importantes se refieren a recientes reformas constitucionales que han determinado la calidad de los adultos mayores como sujetos de derechos humanos, iguales a todas las personas. Por tanto las líneas de investigación remiten a la "perspectiva de senectud" tanto para la legislación nacional como para visibilizar los instrumentos internacionales.
El ámbito de la política pública y la acción social en las áreas prioritarias -señaladas por Naciones Unidas en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento celebrada en Madrid en 2002- de salud, seguridad económica, y medioambientes favorables (entornos favorables) (entre otras) debe dar respuesta a qué hacer, cómo hacer, en dónde hacer, con qué hacer, con la idea de evaluar, comparar, determinar cambios e implementarlos. Valorar para evaluar los programas que den un costo beneficio aceptable y que realmente brinden calidad de vida, que puedan generalizarse y adaptarse a su vez a las distintas culturas existentes.
En materia de seguridad económica, es preciso ampliar la cobertura y fomentar la inserción en la formalidad y el ahorro para la vejez. En materia de medioambientes favorables, se requiere de un urbanismo sin barreras arquitectónicas, y de la materialización de diversos conceptos nuevos como las "Ciudades amigables".
En materia sanitaria, es preciso considerar al autocuidado como una forma de educación que nos llevará de la mano desde la prevención primaria hasta la recuperación, con la finalidad de mantener la funcionalidad física, mental y social; en este sentido, no puede desestimarse que la población de mayores de 80 años es la que más crece. Es necesario universalizar los servicios de salud, fortalecer desde el nivel primario e instruir en áreas geriátricas, pero sobre todo en los aspectos gerontológicos que permitan un disfrute pleno del envejecimiento con base en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.